Inspecciones de la DGI y el BPS: cómo actuar y qué derechos tiene la empresa

Una notificación de la Dirección General Impositiva (DGI) o del Banco de Previsión Social (BPS) no significa que la empresa haya hecho algo mal, pero abre un procedimiento con reglas y plazos, y lo que quede escrito en las actas condiciona el resultado. En esta guía explicamos cómo se desarrolla una inspección DGI en Uruguay, qué puede exigir la Administración, qué derechos tiene la empresa, en qué se diferencia el BPS y cómo discutir o regularizar una deuda.

Cómo empieza una inspección de la DGI

Una actuación de la DGI puede iniciarse de distintas formas. Las más habituales son:

• Intimación por declaraciones no presentadas: la DGI intima a presentarlas y pagar en quince días; si no se regulariza, puede reclamar judicialmente un pago a cuenta calculado sobre el último período declarado (art. 69 del Código Tributario).
• Requerimiento de información sobre declaraciones ya presentadas, a veces originado en cruces de datos con terceros.
• Inspección en el local o citación a la oficina, dejando constancia en actas (art. 45).

El procedimiento es escrito (art. 44) y todo queda en un expediente. Conviene que intervenga un asesor desde el primer contacto. Para el panorama general de los impuestos que pueden ser objeto de control, ver obligaciones fiscales de una empresa en Uruguay.

Qué puede hacer la DGI durante la actuación

El artículo 68 del Código Tributario otorga a la Administración «las más amplias facultades de investigación y fiscalización». En particular puede:

• Exigir la exhibición de libros, documentos y correspondencia comerciales, propios y ajenos, y requerir la comparecencia de la empresa para que brinde información.
• Incautar libros y documentos cuando la gravedad del caso lo requiera, hasta por treinta días hábiles; solo la justicia puede prorrogar ese plazo.
• Inspeccionar bienes muebles e inmuebles que ocupe la empresa. Los domicilios particulares solo pueden inspeccionarse con orden judicial de allanamiento.
• Requerir información a terceros, como clientes o proveedores.

Si faltan registros o la contabilidad no concuerda con la realidad, la DGI puede determinar sobre base presunta con coeficientes, controles de operaciones o diferencias de inventario (art. 66). Esa determinación admite prueba en contrario, pero deja a la empresa en una posición mucho más difícil. Una contabilidad ordenada es la mejor defensa; ver estados financieros en Uruguay.

Guía principal: estrategia fiscal con enfoque legal, donde explicamos cómo acompañamos a las empresas en fiscalizaciones y controversias con la Administración.

Derechos y deberes de la empresa inspeccionada

Deberes

El artículo 70 obliga a los contribuyentes a colaborar con la determinación y la fiscalización. En especial deben:

• Llevar libros y registros y documentar las operaciones según las normas.
• Conservar libros y documentos durante todo el plazo de prescripción.
• Facilitar las inspecciones y exhibir la documentación y las aclaraciones que se soliciten.
• Concurrir a las oficinas fiscales cuando se le requiera.

Obstaculizar la fiscalización es contravención (art. 95).

Derechos

• Actas con copia: la empresa recibe copia, firma y puede dejar las constancias que estime convenientes (art. 45).
• Secreto sobre la información obtenida, con las excepciones legales (art. 47).
• Acceso al expediente: las partes o sus profesionales autorizados pueden examinarlo en la oficina (art. 54).
• Notificación personal de las resoluciones que determinan tributos o imponen sanciones (art. 51).
• Defensa y prueba: vista antes de resolver, dictámenes técnicos y testigos (arts. 46, 56 y 57).
• Recurrir sin pago previo (art. 84).

Documentos que suelen pedirse

Depende del impuesto y del período, pero suele incluir:

Área	Documentación habitual
Societaria	Estatutos, actas, poderes.
Contable	Libros, mayores y estados financieros.
Facturación	Comprobantes fiscales electrónicos emitidos y recibidos, contratos con clientes y proveedores.
Bancaria	Extractos y conciliaciones bancarias, préstamos y movimientos con socios.
Impuestos	Declaraciones juradas de IRAE, IVA e Impuesto al Patrimonio, papeles de trabajo y certificados de retenciones.
Partes vinculadas	Contratos intragrupo y, cuando corresponde, estudio de precios de transferencia.

En grupos multinacionales, las operaciones con vinculadas suelen concentrar la atención; ver precios de transferencia para grupos cross-border.

Vista, resolución y sanciones

Al terminar las verificaciones, los inspectores labran el acta final de inspección, que además interrumpe la prescripción (art. 39). Si la DGI entiende que hay una infracción, instruye una información y da vista al interesado por quince días para presentar defensas y producir prueba (art. 46). Como los plazos de hasta quince días se cuentan en días hábiles (art. 49), ese es el cómputo que corresponde.

Durante una inspección no se pueden presentar declaraciones rectificativas, salvo que resulten en un crédito a favor del contribuyente (art. 64). La resolución final discrimina tributo, intereses y sanciones, con sus fundamentos (art. 67). Las sanciones principales son:

Infracción	Qué es	Sanción
Mora	No pagar en término	Multa de 5%, 10% o 20% según la demora, más recargo mensual (art. 94)
Contravención	Incumplir deberes formales u obstaculizar la fiscalización	Multa fija con mínimo y máximo que se actualizan cada año (art. 95)
Omisión de pago	Disminución del tributo no comprendida en otras figuras	Multa de una a cinco veces el tributo omitido (art. 97)
Defraudación	Engaño u ocultación para pagar menos	Multa de una a quince veces el tributo defraudado (art. 96)

Las sanciones se gradúan según la reiteración, la conducta del infractor y otras circunstancias (art. 100), y la defraudación también puede ser delito (art. 110). La Ley 20.446 agregó un procedimiento simplificado (art. 66-bis): si la empresa no presenta la declaración pese a tener disponible la propuesta elaborada por la DGI, esta puede determinar en base a ella, previa vista de treinta días corridos.

Inspecciones del BPS: en qué se diferencian

El BPS fiscaliza la situación contributiva de las empresas, es decir, los aportes a la seguridad social y al FONASA, aplicando el Código Tributario y su normativa propia. Según el organismo, sus inspectores pueden requerir información a proveedores, trabajadores y clientes, examinar o incautar documentación y concurrir dentro o fuera del horario comercial; la documentación puede quedar en poder del BPS hasta treinta días hábiles.

Al finalizar, el BPS da vista de las actuaciones con quince días hábiles para pruebas o descargos. La empresa puede pedir la identificación de los inspectores y estar asistida por sus asesores durante todo el procedimiento. En la práctica se revisan altas, nóminas y la posible dependencia encubierta de quienes facturan como independientes.

Diferencias con la DGI y con el MTSS

• Objeto: la DGI controla impuestos (IRAE, IVA, Patrimonio, retenciones); el BPS, contribuciones especiales de seguridad social.
• Recursos: el BPS es un ente autónomo, por lo que los recursos administrativos se interponen ante sus propios órganos y no ante el Poder Ejecutivo.
• Condiciones de trabajo: laudos, horarios y seguridad los controla la inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en un procedimiento distinto.

Para la operativa mensual que el BPS controla, ver liquidación de sueldos en Uruguay.

Recursos contra la resolución

La resolución que determina tributos o impone sanciones puede impugnarse en vía administrativa y, después, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA):

1. Recurso de revocación ante el mismo órgano que dictó el acto, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación personal, según el Código de lo Contencioso Administrativo (Ley 20.333, de 2024).
2. Recurso jerárquico, en forma conjunta y subsidiaria, cuando el órgano está sometido a jerarquía. En el caso de la DGI, dependiente del MEF, lo resuelve el Poder Ejecutivo.
3. Fundamentación y prueba: los recursos pueden fundarse al interponerlos o dentro de los veinte días siguientes, ofreciendo la prueba que se considere procedente (arts. 80 y 81 del Código Tributario). Por regla general, los escritos llevan firma de abogado (art. 53).
4. Acción de nulidad ante el TCA, agotada la vía administrativa por resolución expresa o ficta, dentro de un plazo de caducidad breve.

Mientras se tramitan, la prescripción queda suspendida (art. 40), y la DGI puede pedir garantía si hay riesgo para el cobro (art. 88).

Prescripción: hasta dónde puede mirar la DGI

El artículo 38 del Código Tributario fija las reglas:

• El derecho al cobro de los tributos prescribe a los cinco años contados desde el fin del año civil en que ocurrió el hecho gravado. En los impuestos anuales sobre la renta, el hecho gravado se ubica al cierre del ejercicio.
• El plazo se amplía a diez años si hubo defraudación, si la empresa no se inscribió, no denunció el hecho generador o no presentó las declaraciones.

La prescripción se interrumpe por el acta final de inspección, la notificación de la resolución, el reconocimiento de la deuda o cualquier pago (art. 39): un pago parcial sin evaluar sus efectos puede reabrir plazos.

Consultas vinculantes: prevenir antes que discutir

El Código Tributario permite a quien tenga un interés personal y directo consultar a la DGI sobre la aplicación del derecho a una situación de hecho real y actual, exponiendo con precisión todos sus elementos y, si lo desea, su opinión fundada (art. 71).

• No suspende plazos (art. 72) y la DGI debe expedirse en noventa días (art. 73).
• La respuesta obliga a la DGI respecto del consultante; si cambia de criterio, el cambio solo rige para hechos posteriores a su notificación (art. 74).
• Si la DGI no responde a tiempo y la empresa aplicó su opinión fundada, de resultar diferencias solo se cobran intereses, siempre que la consulta se haya presentado al menos noventa días antes del vencimiento de la obligación (art. 74).

Las vinculantes deben invocar el artículo 71 y pueden presentarse en forma presencial o electrónica; la DGI admite también consultas no vinculantes. Son útiles antes de reorganizaciones o inversiones; ver estructuración fiscal de inversiones.

Regularización y convenios de pago

Cuando la diferencia es real, conviene regularizar a tiempo:

• Antes de una inspección: la presentación espontánea con regularización atenúa las sanciones, pero no se considera espontánea la motivada por una inspección ya efectuada u ordenada (art. 100).
• Multas por mora: la multa sube del 5% al 10% y al 20% según la demora; si se solicitan facilidades dentro del plazo de pago, la multa es del 10% (art. 94).
• Convenios ante la DGI: la DGI permite financiar deudas en cuotas. Entre los requisitos publicados están tener presentada la declaración jurada y pagar una entrega inicial.
• Convenios ante el BPS: antes de firmar hay que presentar todas las nóminas y rectificativas del período, y la primera cuota se paga el día de la firma. La Ley 20.504, de junio de 2026, creó además un régimen especial de facilidades para obligaciones vencidas hasta mediados de 2026, cuyas condiciones conviene confirmar con el BPS.

El atraso de seis o más cuotas de un convenio habilita el embargo preventivo (art. 89).

Recomendaciones prácticas

• Designar un interlocutor único y avisar al asesor.
• Verificar la identidad de los inspectores y el alcance: impuesto y períodos.
• Entregar lo pedido con constancia y guardar copias.
• Leer las actas antes de firmarlas y dejar constancia de desacuerdos o aclaraciones.
• No improvisar: pedir plazo y responder por escrito.
• Controlar los plazos desde cada notificación.

Si los dueños viven en el exterior, un estudio local facilita responder a tiempo; ver outsourcing contable en Uruguay.

Preguntas frecuentes

Inspecciones y controversias con GlobalTax

En GlobalTax acompañamos inspecciones de la DGI y el BPS, preparamos descargos y recursos y evaluamos cómo regularizar. Más información en nuestra página de estrategia fiscal con enfoque legal.